UNA REALIDAD INVISIBILIZADA
Sueldos reducidos a $0. Descuentos automáticos voraces. Angustia cotidiana.
Una respuesta institucional con fuerza de ley para proteger el salario y recuperar la dignidad de las familias santacruceñas.
Una respuesta institucional, legal y humana destinada a aliviar a miles de trabajadores, familias y jubilados atrapados en el espiral de la mora financiera. Condiciones previsibles, límite infranqueable a la retención salarial y asistencia judicial gratuita sin costos para el deudor.
Detrás de cada resumen de deuda o intimación crediticia hay una familia que no llega a fin de mes. En la Provincia de Santa Cruz, las deudas de consumo generaron un escenario crítico donde la supervivencia digna quedó vulnerada.
Se ha verificado la existencia de empleados públicos provinciales a quienes se les descuenta la totalidad de sus haberes por deudas comerciales y financieras, percibiendo un salario neto de cero (0) pesos a fin de mes.
Tarjetas de crédito y préstamos personales con tasas usurarias y costos financieros que multiplican el capital original. Pagar el pago mínimo solo consolida una deuda perpetua e impagable.
Estudios de cobranza que hostigan en horarios impropios a los deudores y a sus familias, sumado a la imposibilidad económica de contratar abogados para defenderse o frenar los descuentos indebidos.
El proyecto crea un régimen integral que reemplaza deudas impagables por nuevas condiciones razonables, frena los abusos sobre el salario y establece una estructura de rescate financiero real en la provincia.
Sustitución de deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales por líneas de crédito accesibles, otorgadas por entidades financieras adheridas, con cuotas predecibles y sin garantías reales adicionales (Arts. 1, 2 y 8).
A diferencia de experiencias previas de adhesión voluntaria en otras jurisdicciones (como CABA), en Santa Cruz la entidad de capital estatal provincial (Banco Santa Cruz S.A.) tiene la obligación legal de adherir en un plazo perentorio de 30 días corridos (Art. 4).
Las restantes entidades bancarias y no bancarias podrán adherir voluntariamente en 60 días, beneficiándose de una reducción del 50% de la alícuota de Ingresos Brutos sobre los intereses de estas refinanciaciones (Art. 5).
El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz regulará y hará cumplir operativamente cada tramo del Programa (Art. 3).
El proyecto toma como referencia el antecedente porteño (Ley N° 6.959 de CABA), pero corrige su limitación fundamental: la adhesión no queda librada a la simple voluntad de la banca privada.
Dado que la mayor concentración de morosidad corresponde al Banco Santa Cruz S.A. (donde el Estado Provincial posee el 49% del paquete accionario), la ley obliga por derecho público al banco provincial a abrir las ventanillas de refinanciación, garantizando cobertura efectiva inmediata a la masa de afectados.
Cada una de las condiciones numéricas surge textualmente del articulado del proyecto y no admite interpretaciones desfavorables para el deudor.
Tasa fija tope para los créditos de refinanciación (Art. 8, inc. a).
Plazo base obligatorio de 24 cuotas iguales y consecutivas (Art. 8, inc. b).
Límite absoluto sobre la remuneración bruta del empleado público (Art. 9).
Plazo perentorio de adhesión obligatoria de la entidad oficial (Art. 4).
Plazo de adhesión voluntaria con 50% de exención en Ingresos Brutos (Art. 5).
Días hábiles máximos para acatar la nota de suspensión de débito (Art. 18).
Término para brindar informes de deuda, dictar resoluciones y descargo (Arts. 23-25).
Cuerpo normativo integral estructurado en 7 capítulos de garantías (Arts. 1 al 32).
El artículo 6° estipula criterios objetivos para focalizar el alivio financiero en las familias y personas de Santa Cruz que efectivamente atraviesan una situación de vulnerabilidad crediticia.
Personas humanas que registren deudas originadas en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados por entidades financieras reguladas.
Estar calificado en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en cualquiera de las siguientes categorías a la fecha de referencia:
Acreditar ingresos del grupo familiar inferiores al monto que fije la reglamentación, expresado en múltiplos de Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).
Acreditar que las cuotas adeudadas representan más del treinta por ciento (30%) de los ingresos mensuales totales del grupo familiar.
Tener domicilio real en la Provincia de Santa Cruz, con la antigüedad mínima que establezca la reglamentación provincial.
El proyecto prohíbe de forma expresa y categórica que las exclusiones del Programa puedan fundarse en criterios de género, edad, discapacidad o cualquier otra categoría sospechosa protegida por la Constitución Nacional.
El Capítulo IV establece una regla de orden público inderogable: ningún trabajador del Estado Provincial (centralizado o descentralizado) podrá sufrir descuentos superiores al 30% de su salario bruto por estas deudas.
Entidades financieras y prestamistas aplican códigos de descuento y embargos que absorben la totalidad de los haberes.
Las retenciones por estas deudas jamás podrán superar el 30% del haber bruto, reprogramándose los saldos sin condonación.
Los organismos empleadores del Estado Provincial deben reliquidar en 30 días corridos todas las retenciones que superen el 30%, reprogramando la deuda en cuotas acordes al tope legal.
Si concurren retenciones de alimentos familiares y deudas financieras, los alimentos gozan de prioridad absoluta. El tope del 30% se calcula únicamente sobre el remanente neto luego de deducir los alimentos.
Una ley no protege si litigar es caro. El Capítulo V asegura que ninguna persona endeudada quede indefensa ante bancos, organismos o estudios de cobranza.
Registro provincial gratuito creado mediante convenio con el Colegio de Abogados de Santa Cruz, para brindar asistencia y patrocinio técnico a todo beneficiario que lo requiera.
Beneficio automático e inmediato. Sin necesidad de trámite sumario previo: exención de tasa de justicia, sellados y costas causídicas para defender el salario o exigir la refinanciación.
Los honorarios judiciales o extrajudiciales son abonados por la entidad infractora. Prohibición expresa de descontar honorarios del sueldo o sumarlos al capital refinanciado.
La notificación suscripta por el profesional produce la suspensión inmediata y provisoria del débito. La entidad tiene un plazo perentorio de 5 días hábiles para cumplir.
Trámite por la vía procesal más abreviada, con despacho prioritario y habilitación de días inhábiles. Legitimación activa para el Colegio de Abogados, sindicatos estatales y asociaciones de consumidores.
Registro obligatorio de estudios de gestión extrajudicial. Prohibición de hostigamiento o comunicaciones intimidatorias, y deber de informar la existencia del Programa en cada contacto.
Dado que el Estado Provincial es titular del 49% del paquete accionario del Banco Santa Cruz S.A., el proyecto diseña una arquitectura de control externa, plural y con facultades sancionatorias vinculantes (Capítulo VI).
El Banco Santa Cruz S.A. no podrá ejercer por sí ni a través de sus dependencias internas funciones de auditoría, control o resolución final de reclamos vinculados a su propio desempeño en el Programa.
El control queda exclusivamente en manos de la Autoridad de Aplicación y de la Comisión de Seguimiento y Contralor, preservando las competencias del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado provincial.
Integrada de forma plural por:
Para que la ley sea verdaderamente accesible en un territorio tan extenso como Santa Cruz, el Banco Santa Cruz S.A. deberá garantizar canales de atención en cada localidad (Art. 28).
En cada localidad de la provincia
Atención presencial en todas las dependencias bancarias de Río Gallegos, Caleta Olivia, El Calafate, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, San Julián, Río Turbio y toda la geografía provincial.
Trámites remotos y transparentes
Operatoria electrónica y web para iniciar la solicitud de refinanciación, presentar documentación y consultar el estado del trámite bajo fiscalización de la Comisión de Seguimiento.
El Ministerio de Economía junto al Ministerio de Trabajo, los sindicatos estatales y el Colegio de Abogados implementarán una campaña masiva para que ningún trabajador desconozca sus derechos.
Consultá los Fundamentos y los 32 Artículos ordenados en sus 7 Capítulos. Fuente primaria e inalterada, con buscador instantáneo y función de copiado.
Señor Presidente: el presente proyecto de ley tiene por objeto crear, en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal destinado a facilitar la refinanciación de deudas de consumo (tarjetas de crédito y préstamos personales) contraídas por personas humanas residentes en la provincia que se encuentren en situación de mora y vulnerabilidad financiera.
La iniciativa toma como antecedente directo la Ley N° 6.959 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que instituyó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal porteño, reglamentado por Decreto N° 248/26, y que fija condiciones mínimas de refinanciación (tasa nominal anual fija de hasta el 35% y plazo mínimo de devolución de veinticuatro (24) cuotas) para las entidades financieras que adhieran voluntariamente al régimen, incentivadas mediante una reducción del cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses de las refinanciaciones.
Sin embargo, la experiencia porteña demostró una limitación estructural del esquema: al depender de la adhesión voluntaria de bancos privados, al vencimiento del plazo de adhesión solo un número reducido de entidades se había sumado al programa. La Provincia de Santa Cruz se encuentra en una posición distinta y más favorable para garantizar la efectividad de la medida, dado que la mayor concentración de morosidad de la provincia corresponde al Banco Santa Cruz S.A., entidad de capital estatal provincial. Ello permite que la adhesión al programa no quede librada a la voluntad de terceros, sino que pueda establecerse con carácter obligatorio para dicha entidad por imperio de esta ley, sin perjuicio de habilitar la adhesión voluntaria e incentivada de las restantes entidades financieras que operan en el territorio provincial.
Asimismo, este proyecto incorpora una previsión que no contempla el antecedente porteño y que resulta indispensable para la realidad provincial: la protección del salario de los agentes públicos frente a retenciones y descuentos derivados de deudas alcanzadas por este régimen. Se ha verificado que, en la actualidad, existen empleados públicos provinciales a quienes se les retiene la totalidad de sus haberes en concepto de descuentos por deudas, percibiendo un salario neto de cero (0) pesos. Esta situación resulta incompatible con el carácter alimentario del salario, reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por la normativa laboral vigente, y con la garantía de subsistencia digna del trabajador y su familia. En consecuencia, se establece un tope máximo del treinta por ciento (30%) de descuento sobre la remuneración bruta mensual de los empleados públicos provinciales por todo concepto vinculado a las deudas comprendidas en este régimen, y se dispone la reliquidación inmediata de las retenciones actualmente vigentes que superen dicho límite.
Finalmente, se advierte que ninguna protección legal resulta efectiva si su ejercicio queda condicionado a la capacidad económica de la persona beneficiaria para afrontar los costos de un proceso judicial. Por ello, este proyecto incorpora un capítulo específico de asistencia jurídica gratuita, que garantiza a las personas alcanzadas por el Programa el patrocinio letrado, la gratuidad procesal de pleno derecho y una vía judicial abreviada para hacer valer sus derechos frente a incumplimientos de las entidades financieras o excesos en las retenciones salariales, sin que el costo del litigio recaiga jamás sobre el beneficiario ni sobre la deuda refinanciada.
Por otra parte, se ha tenido especialmente en cuenta que la Provincia de Santa Cruz es titular del cuarenta y nueve por ciento (49%) del paquete accionario del Banco Santa Cruz S.A., circunstancia que exige extremar los recaudos institucionales para evitar que la propia entidad obligada por esta ley sea, a la vez, quien controle su propio cumplimiento. Asimismo, se ha considerado la limitada capacidad de respuesta que en la práctica exhiben los mecanismos generales de defensa del consumidor, cuya lentitud puede tornar ilusoria la protección aquí perseguida. Por ello, el proyecto incorpora una Comisión de Seguimiento y Contralor de integración plural y ajena a la administración del banco, y refuerza el rol del profesional patrocinante como garante ágil y de proximidad de los derechos reconocidos en esta ley, en forma adicional y no subordinada a los canales ordinarios de defensa del consumidor.
Por los fundamentos expuestos, y por los que se ampliarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita a los señores legisladores y las señoras legisladoras la aprobación del presente proyecto de ley.
Las restantes entidades financieras bancarias y no bancarias que operen en el territorio de la Provincia de Santa Cruz podrán adherir voluntariamente al Programa dentro de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de la reglamentación, mediante los mecanismos que a tal efecto establezca la Autoridad de Aplicación.
Las entidades financieras que adhieran al Programa gozarán de una reducción del cincuenta por ciento (50%) de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses percibidos en concepto de las refinanciaciones otorgadas en el marco del presente régimen, por el plazo que fije la reglamentación.
Podrán acceder a los beneficios del Programa las personas humanas que, de manera concurrente:
Los créditos otorgados en el marco del Programa deberán respetar, como mínimo, las siguientes condiciones, que las entidades adherentes podrán mejorar:
En ningún caso las retenciones, descuentos o afectaciones practicadas sobre la remuneración de los agentes de la administración pública provincial, centralizada o descentralizada, en concepto de deudas comprendidas en el presente régimen —cualquiera sea su origen u obligación de pago (judicial, administrativa o convencional)—, podrán superar, en su conjunto, el treinta por ciento (30%) de la remuneración bruta mensual del agente.
El límite establecido en el presente artículo es de orden público y resulta inderogable por acuerdo de partes.
Los organismos empleadores de la administración pública provincial deberán reliquidar, dentro de los treinta (30) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las retenciones vigentes a esa fecha que superen el límite fijado en el artículo 9°, incluyendo expresamente aquellos casos en que el agente perciba, a la fecha de la presente ley, una remuneración neta equivalente a cero (0) pesos como consecuencia de descuentos por deudas.
La reliquidación no importará la condonación del saldo adeudado, sino su reprogramación en cuotas compatibles con el límite del artículo 9°, pudiendo el agente optar además por acogerse a las líneas de refinanciación previstas en el artículo 8° si reúne los requisitos del artículo 6°.
Cuando la nota de suspensión de débito automático prevista en el artículo 18° logre su objetivo sin necesidad de promover acción judicial, la entidad requerida deberá abonar al profesional interviniente un honorario por gestión extrajudicial, cuyo monto mínimo fijará la reglamentación tomando como referencia la escala arancelaria vigente para actuaciones extrajudiciales.
Dicho honorario en ningún caso podrá ser deducido del capital adeudado por la persona beneficiaria ni de su remuneración, y su falta de pago en el plazo que fije la reglamentación habilitará su reclamo por la vía ejecutiva más abreviada prevista en el ordenamiento procesal provincial.
La nota de suspensión de débito automático suscripta por un abogado o abogada inscripto/a en el Registro creado en el artículo 12°, notificada fehacientemente a la entidad financiera, al organismo empleador o al estudio de gestión de cobranzas interviniente, e invocando fundadamente el exceso del tope establecido en el artículo 9° o el incumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 8°, producirá la suspensión inmediata y provisoria del débito o descuento cuestionado.
La entidad requerida dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación fehaciente, para dar cumplimiento a la suspensión. Ello no obsta a su derecho de promover la acción judicial que estime pertinente para el restablecimiento del débito, en cuyo caso la carga de acreditar la legitimidad y proporcionalidad de la retención corresponderá a la entidad requirente.
Créase, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, el Registro Provincial de Estudios de Gestión de Cobranzas, de inscripción obligatoria para toda persona humana o jurídica que desarrolle en el territorio de la Provincia de Santa Cruz actividades de gestión, intimación o cobranza extrajudicial de deudas alcanzadas por la presente ley.
Los estudios inscriptos deberán: a) dar respuesta fundada a las notas de suspensión de débito remitidas conforme el artículo 19°, dentro del plazo allí establecido; b) abstenerse de prácticas de hostigamiento, intimidación o comunicación en horarios y modalidades que la reglamentación considere abusivas; y c) informar a la persona deudora, en cada gestión de cobro que realicen, la existencia del Programa y su derecho a la asistencia jurídica gratuita prevista en este Capítulo.
En atención a la participación accionaria que la Provincia de Santa Cruz posee en el Banco Santa Cruz S.A., y a su condición simultánea de entidad acreedora obligada por el artículo 4° y de sujeto pasible de las obligaciones y controles establecidos en la presente ley, el Banco Santa Cruz S.A. no podrá ejercer, por sí ni por sus dependencias internas, funciones de control, auditoría o resolución de reclamos vinculados a su propio desempeño en el marco del Programa.
Dichas funciones serán ejercidas exclusivamente por la Autoridad de Aplicación y por la Comisión de Seguimiento y Contralor creada en el artículo 23°, sin perjuicio de las competencias propias del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Créase la Comisión de Seguimiento y Contralor del Programa, de carácter permanente, con funciones de auditoría del cumplimiento de la presente Ley y de recepción de denuncias de las personas beneficiarias, integrada por: a) un/a representante de la Autoridad de Aplicación, quien la presidirá; b) un/a representante del Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Cruz; c) un/a representante por cada una de las asociaciones sindicales representativas del empleo público provincial; d) un/a representante de las asociaciones de defensa del consumidor debidamente inscriptas.
La Comisión emitirá informes públicos semestrales sobre el grado de cumplimiento del Programa por parte del Banco Santa Cruz S.A. y de las restantes entidades adheridas, y podrá recomendar a la Autoridad de Aplicación la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 20°, sin perjuicio de las competencias propias de los organismos de control de la administración pública provincial.
Las recomendaciones de aplicación de sanciones que la Comisión formule serán vinculantes para la Autoridad de Aplicación, la que deberá dictar el acto administrativo correspondiente dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la recomendación. La Autoridad de Aplicación solo podrá apartarse de la recomendación mediante resolución fundada, que deberá notificarse a la Comisión y publicarse íntegramente en el Boletín Oficial dentro del mismo plazo.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, la Comisión podrá aplicar directamente, sin necesidad de intervención de la Autoridad de Aplicación, la sanción de apercibimiento y la publicación del incumplimiento verificado en su informe semestral. La aplicación de multas y la suspensión o exclusión del Registro Provincial de Estudios de Gestión de Cobranzas quedan reservadas a la Autoridad de Aplicación, conforme el régimen de recomendación vinculante precedente.
La aplicación de cualquier sanción prevista en el artículo 20°, así como las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Contralor que impliquen la imputación de un incumplimiento, requerirán la previa notificación fehaciente a la entidad denunciada de los hechos imputados, quien tendrá derecho a presentar su descargo y ofrecer prueba en un plazo no inferior a diez (10) días hábiles.
Las sanciones aplicadas serán recurribles, dentro de los diez (10) días hábiles de notificadas, mediante recurso directo ante el fuero contencioso administrativo de la Provincia.
El derecho a un salario digno y a condiciones justas de desendeudamiento no puede esperar. Escaneá o compartí el enlace oficial para que cada familia santacruceña conozca este proyecto de ley.